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2 septiembre, 2021 – 13:12 |

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LO QUE SE ESCONDE TRAS VILLASECA

Enviado por en 2 septiembre, 2021 – 13:12Sin comentarios

La Unión de Toreros, que representa a la mayoría de los matadores de toros, novilleros y rejoneadores, ha adoptado, conjuntamente con la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles y la Asociación Nacional de Mozos de Espadas, el acuerdo de convocar huelga en los festejos taurinos de Villaseca de la Sagra que comienzan el próximo 5 de septiembre.

A primera vista, muchos considerarán la convocatoria de huelga como una medida inoportuna por la delicada situación que atraviesa el sector, e impopular por afectar a un ciclo de novilladas como el “Alfarero de Oro”, perjudicando así a quienes más protección necesitan en las actuales circunstancias: los novilleros y las novilladas.

Sin embargo, conviene analizar detenidamente los motivos que han llevado a que las tres asociaciones mayoritarias del sector hayamos adoptado tan desagradable medida.

Sabido es que el circuito de novilladas viene sufriendo desde hace años un proceso de deterioro progresivo, con una alarmante reducción del número de festejos provocada por múltiples factores que no son ajenos al resto de espectáculos taurinos:  escasa cobertura mediática, incremento de ofertas alternativas de ocio, acoso político, competencia de las llamadas “clases prácticas”, etc. En definitiva, altos costes organizativos que no son compensados por los exiguos ingresos de taquilla.

No es menos cierto que el sector no ha sabido todavía, o no le han dejado, reaccionar adecuadamente a tal situación, y quizá hubiera sido deseable un mayor grado de entendimiento interno, una mayor capacidad de diálogo con las administraciones, o contundencia en la defensa de sus derechos legal y constitucionalmente reconocidos, e incluso una mayor imaginación para apoyarse en nuevas fórmulas de explotación y comunicación capaces de adaptar el toreo a la sociedad del siglo XXI.

Sin embargo, el sector taurino dispone de una consolidada estructura de negociación y diálogo interno, que en el ámbito laboral fructifica en el Convenio Colectivo Nacional Taurino. Este instrumento es el que, con las renovaciones y modificaciones periódicas que procedan, fija las condiciones básicas en que se debe desarrollar la profesión, estableciendo unos salarios mínimos, configuración de las cuadrillas, clasificación profesional, obligaciones de las empresas, de los jefes de cuadrilla y de sus integrantes, y habilitando estructuras de control del cumplimiento de los compromisos adquiridos, fundamentalmente a través de la Comisión de Seguimiento y del mecanismo del visado de los contratos de actuación.

Como todo acuerdo negociado entre partes con intereses en buena medida divergentes, el Convenio seguramente no deja a nadie particularmente satisfecho, y esa es posiblemente su mayor virtud, pues ha sabido a lo largo de las últimas décadas estructurar relaciones muy complejas y generar para los trabajadores del sector garantías laborales que ya las quisieran para sí otros sectores de actividad (otra cosa es que no todos los profesionales tengan voluntad o se encuentren en situación de hacer uso de esos derechos y garantías).

Y esta negociación colectiva ha sabido adaptarse, con todas las críticas más o menos razonables que cada uno quiera esgrimir según su particular visión o interés, a la calamitosa situación provocada por la pandemia COVID-19 y las consecuencias económicas y de restricciones de aforos que ha traído consigo. Los profesionales han estado a la altura: no solo las grandes figuras, que han reducido sustancial y responsablemente sus bien merecidos cachés, sino absolutamente todos los integrantes del espectáculo, aceptando una reducción de sus salarios mínimos del 25%, lo que, unido a la drástica reducción de actividad, hace que difícilmente puedan sobrevivir de su profesión si le destinan la dedicación exigible. Con este esfuerzo económico se ha posibilitado una mínima actividad durante la pandemia que aún perdura, y se ha contribuido, bajo el paraguas de la Fundación Toro de Lidia, a la celebración de varios ciclos extraordinarios de corridas de toros y novilladas que han venido a paliar, en la medida de lo posible, la tremenda incidencia que la crisis sanitaria y económica han generado en el toreo. Adicionalmente, y con el mismo propósito de promocionar la actividad taurina, y particularmente las novilladas, se han alcanzado acuerdos con la Junta de Andalucía y otras administraciones en orden a la reducción de cargas y costes administrativos en los espectáculos taurinos. Creemos, en definitiva, que el esfuerzo realizado ha sido importante, de manera que los profesionales del torero hemos contribuido de manera más que generosa a paliar la situación, aún sin las ayudas que la mayoría d ellos trabajadores y otros sectores culturales han recibido con ocasión del cese de actividades provocado por el COVID-19.

Algunos han tildado de insuficiente este esfuerzo de los profesionales, y defienden que la adaptación del toreo a la crisis debe consistir en que los toreros y sus cuadrillas actúen poco menos que de balde, y de paso que alimenten a sus familias en los comedores sociales. Otros consideran que la salvación del toreo reside en la reducción de cuadrillas, como si el balance económico de un festejo dependiera de la amortización de dos o tres salarios (y no de las tasas administrativas, de los batallones de veterinarios, de los altos costes de Seguridad Social, o de los cánones que muchas empresas pagan a las administraciones), desentendiéndose del hecho de que en la plaza cada profesional desempeña un cometido específico y necesario, impuesto por la eficacia de la lidia, la seguridad del compañero y el respeto a una liturgia elaborada a lo largo de los siglos.

Sin desdeñar la posibilidad de que puedan acordarse medidas adicionales (laborales y administrativas) que contribuyan a reducir los costes de organización de un espectáculo taurino, entendemos no obstante que el esfuerzo debe dirigirse a incrementar los ingresos tanto de taquilla como de comercialización de la imagen, y eso pasa inexorablemente por explorar nuevas fórmulas de gestión y comunicación, y por exigir a los poderes públicos el cumplimiento estricto de la ley frente a los ataques y el silenciamiento mediático que sufre el toreo.

Pero, en cualquier caso, lo importante es que los esfuerzos económicos consensuados por el sector han sido fruto de negociaciones llevadas a cabo por quienes ostentan su legal representación (incluyendo la correspondiente representación empresarial de ANOET), y que se han articulado a través de un instrumento, el Convenio Colectivo Nacional Taurino, avalado por el Ministerio de Empleo y publicado en el BOE, que resulta absolutamente indispensable para poner barreras, o al menos obstáculos, a las inclinaciones más obscenas por parte de algunos empresarios y profesionales que compiten deslealmente por no pagar, o no cobrar, unas cantidades que se han considerado mínimas para la subsistencia y adecuada dedicación de quienes deben merecer la consideración de profesionales taurinos.

Sentado lo anterior, resulta que un grupo de alcaldes, arropado por un sindicato de irrisoria representatividad como ASPROT, han considerado por su cuenta y riesgo que el 25% de reducción salarial no es suficiente, que mejor un 35%, y para ello han firmado un convenio particular (extraestatutario, es decir, sin cumplir los requisitos que el Estatuto de los Trabajadores dispone para la negociación colectiva), que se aparta de los acuerdos y consensos del sector, y que además altera la estructura de las relaciones laborales pactadas, al vincular a las cuadrillas directamente con la empresa y no con el novillero. Esta “alcaldada”, vendida con el pomposo y populista nombre de “Foro de Promoción, Defensa y Debate de las Novilladas”, aglutina a un grupo de localidades caracterizadas varias de ellas, además, por las desmesuradas hechuras de los utreros que se lidian en sus ferias, absolutamente inadecuadas para quienes, con mayor o menor bagaje, no dejan de estar iniciándose en la profesión. Estos alcaldes, lo que buscan en realidad no es proteger a las novilladas y el futuro de la Tauromaquia, sino mantener sus fiestas, para mayor rédito electoral, a costa del sacrificio de los toreros, con novillos desmesurados, y escamoteando a los profesionales taurinos el dinero que no escatiman en verbenas y pirotecnia.

A pesar de que algunos de los ayuntamientos integrantes del Foro han sabido entender finalmente que la fijación de las condiciones laborales de una actividad corresponde a la negociación colectiva sectorial y no al capricho unos pocos con vara de mando municipal, y que la imposición de un convenio extraestatutario con salarios inferiores a los del Convenio estatutario conculca la legalidad vigente, no ha sido así en el caso de Villaseca de la Sagra, cuyo alcalde, D. Jesús Hijosa, autonombrado adalid de la defensa de las novilladas, persevera en imponer a los novilleros contratados para el “Alfarero de Oro”, la condición de estar previamente adheridos al convenio por él pergeñado y aceptar en consecuencia el abono de salarios inferiores a los que marca el Convenio nacional. Y pretende, además, que los novilleros asuman la responsabilidad frente a eventuales reclamaciones de los miembros de su cuadrilla, ofreciendo cubrir los puestos de los “rebeldes” con los afiliados a Asprot.

Se jacta el Sr. Hijosa de que, gracias a su “convenio” se va a celebrar una novillada más que las que se daban en Villaseca en las últimas temporadas. Convendría avisarle de que, si reduce los salarios un 50%, posiblemente pueda dar tres más, y que si directamente deja de pagar a profesionales y ganaderos, seguramente pueda jactarse de dar una feria de novilladas de treinta festejos. La fórmula no es novedosa; ya hay muchas empresas que vienen poniéndola en práctica en los últimos años. Pero sí es novedosa por venir de un servidor público y dizque aficionado para más señas.

No se trata, por tanto, de convocar una huelga para defender un 10% salarial de novilleros y cuadrillas, sino para defender que la determinación de lo que unos y otros deben cobrar, como mínimo, corresponde a los representantes del sector y por el procedimiento establecido legalmente para la negociación colectiva, y que la negociación extraestatutaria aparece legalmente circunscrita a mejorar las condiciones establecidas en Convenio Colectivo, no a empeorarlas. De no ser así, mañana otro grupo de empresarios podría decidir que, efectivamente, es mejor un 50%, o un 75%, y les bastaría que rellenar un documento, mandarlo a la firma servil de ASPROT (obsesionada con que le regalen una gestión de derechos de imagen que a otros les ha costado años de esfuerzo y trabajo) e imponer su adhesión a los toreros como requisito previo a su contratación.

Y esto es lo que realmente se esconde tras el conflicto de Villaseca de la Sagra, por mucho que el populismo y la demagogia de algunos, la ignorancia de otros y los ocultos intereses de ciertos profesionales de la información taurina quieran hacer ver otra cosa.

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